La desigualdad del acceso a las prestaciones del ELA: del 100% de Cataluña a apenas un 3% de Aragón
Las ayudas no llegan con la misma eficacia en todos los territorios. Andalucía solo entrega un 12,15% de las peticiones y Murcia, casi el 9%, según el último informe de la confederación de asociaciones de pacientes

Han pasado dos años desde la entrada en vigor de la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados con el objetivo de mejorar la atención y los cuidados de más de 4.000 personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. La última reforma, aprobada mediante un real decreto en octubre de 2025, creó el Grado III+ de dependencia extrema y estableció una financiación estatal mínima garantizada de 4.930 euros mensuales, mientras que las prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal pueden alcanzar los 9.859 euros al mes. Pero, según el último informe de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), que agrupa a asociaciones de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, esas prestaciones no llegan con la misma eficacia en todas las comunidades autónomas.
En toda España, 756 de las 1.130 solicitudes contabilizadas han recibido el grado III+. De ellas, 412 se han traducido en un cobro o servicio efectivo en el domicilio, según los datos de ConELA. Durante la presentación del estudio, celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados, Pepe Jiménez, presidente de ConELA, ha resumido así la situación actual: “Continuamos teniendo una condición diferente dependiendo de nuestro código postal”. La brecha es especialmente acusada en Aragón, donde solo se ha materializado el 3,3% de las resoluciones (una de las 30 contabilizadas ha dado lugar a una prestación o servicio efectivo en el domicilio). Le sigue Murcia, con un 8,57% (tres de 35), mientras que en Andalucía la proporción alcanza el 12,15% (13 de 107). Cataluña es la única comunidad donde todas las resoluciones (76) han llegado a convertirse en prestaciones o servicios efectivos.
En la Comunidad Valenciana, el 72,88% (de 118 resoluciones, 86 reciben prestaciones o servicios efectivos) de las resoluciones favorables se han traducido en prestaciones o servicios efectivos. En Castilla y León, la proporción alcanza el 74,16% (66 de 89). Los datos reflejan que obtener una resolución favorable es solo el primer obstáculo para las familias. Después queda otro, no menos importante: conseguir que las ayudas se traduzcan en los recursos y cuidados que necesitan para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Jiménez asegura que el modelo territorial no puede impedir que se garantice una igualdad efectiva en el acceso a los derechos reconocidos por una ley estatal. “No puede haber 17 maneras diferentes de defender la dignidad de una persona con ELA. Puede haber procedimientos distintos, estructuras administrativas diferentes y modelos organizativos propios, pero el resultado debería ser el mismo”, ha afirmado ante representantes políticos, familias y pacientes en la Sala Constitucional del Congreso. “Todas las personas que cumplen los requisitos deben recibir con la rapidez necesaria los apoyos y los cuidados que le corresponden”, ha añadido.
Aunque la eliminación del copago es uno de los avances previstos para las personas con dependencia extrema, la aplicación de esta medida sigue siendo desigual. Según el análisis, 11 de las 17 comunidades autónomas han asumido el compromiso de dejar de cobrar a las familias por estos cuidados. Entre las autonomías que lo suprimieron, el informe señala a Madrid, Cantabria, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha. Andalucía fue la última en sumarse, el pasado 6 de noviembre. Cataluña, en cambio, sigue cobrando un 5% a quienes tienen rentas superiores a 5,5 veces el IRSC (indicador de renta de suficiencia de Cataluña). Canarias aplica una aportación que varía según los ingresos y toma como referencia el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), fijado en 600 euros mensuales este año.
En Euskadi, el sistema también varía según el territorio. Gipuzkoa ha establecido el copago cero, mientras que Bizkaia contempla una exención de hasta cuatro salarios mínimos interprofesionales anuales (68.376 euros brutos), y Álava mantiene un sistema de aportaciones en función de la capacidad económica de cada familia. Murcia, por su parte, conserva el régimen general de copago de la ley de dependencia.

A la dificultad que supone el copago se añade tener que adelantar miles de euros para pagar a los cuidadores y esperar después a que la Administración devuelva el dinero. El informe refleja que Murcia, Baleares, Canarias, Galicia mantienen el sistema de reembolso a mes vencido, que obliga a las familias a desembolsar entre 3.200 y 9.859 euros al mes antes de recuperar el importe. Lo mismo sucede en Bizkaia y Álava. Frente a este modelo, siete territorios adelantan el dinero —la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Andalucía— y otros tres, Cantabria, Extremadura y Navarra, han llegado a acuerdos con las empresas prestadoras para que sean estas las que asuman inicialmente los pagos. Aragón figura con un sistema de pago adelantado previsto, pero con retrasos en los cobros.
Cataluña, La Rioja y Navarra son las tres comunidades que han incrementado las cuantías de las ayudas. La Rioja hasta los 15.000 euros, Navarra hasta los 13.500 y Cataluña hasta los 14.788,50 euros, según Jiménez. “Si estas tres comunidades pueden hacerlo, las demás también pueden”, ha comentado el presidente de ConELA. “Los 9.859 euros no permiten cubrir los cuidados durante 24 horas, que es lo que establece la ley”, ha añadido.
Jiménez ha señalado también que ocho comunidades autónomas disponen de ayudas o programas complementarios para las personas con ELA, al margen de las prestaciones del sistema de dependencia: Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.
El análisis muestra también que en la mayoría de las comunidades autónomas, las familias no pueden compatibilizar las ayudas del Grado III+ con la prestación que reciben por cuidar a un familiar en casa (PECEF). Esto puede llevarlas a renunciar a la nueva ayuda para evitar que la persona cuidadora pierda las cotizaciones a la Seguridad Social que le dan derecho a una futura pensión, según el texto del análisis. A ello se suma la falta de profesionales con formación específica, las exigencias de titulación para quienes ya cuidan a los pacientes y la escasez de empresas capaces de cubrir la atención de mayor complejidad, especialmente en el medio rural. ConELA denuncia además que la fisioterapia respiratoria y motora a domicilio sigue sin estar garantizada por el sistema público fuera de Cataluña y que las ayudas son incompatibles con las plazas residenciales públicas o concertadas.

Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha defendido el trabajo realizado por el Ministerio para impulsar la aplicación de la ley y reforzar los recursos destinados a los cuidados. También ha subrayado la importancia de garantizar los apoyos necesarios: “He aprendido que vuestras vidas precisan certezas, precisan financiación, precisan recursos públicos que atiendan”.
El presidente de ConELA ha reclamado que la aplicación de la ley no dependa del lugar de residencia y que los derechos lleguen cuanto antes a todas las personas con ELA. La organización pide eliminar los copagos y las incompatibilidades entre prestaciones, agilizar los pagos y garantizar la formación de profesionales especializados. “El tiempo es nuestro principal enemigo. Después de dos años de su aprobación y uno desde su dotación económica, es inadmisible que las personas con ELA todavía tengamos que seguir presionando y controlando su implementación”, ha advertido Jiménez.
La asociación reconoce, no obstante, el avance que supone haber establecido por primera vez el derecho a una atención continuada de hasta 24 horas y haber creado el Grado III+ de dependencia extrema.
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